Esto es así dado que dicho cuerpo es una exteriorización de la Justicia y es el medio más accesible para un ciudadano común. Sin embargo, puede que el reclamante no obtenga una respuesta satisfactoria. En ese caso, deberá apersonarse él mismo ante los tribunales. ¿Qué ocurre con la ocupación de terrenos públicos? En este caso, corresponde que quien recurra sea la Nación o el municipio correspondiente, en un reclamo que tramita por la Justicia Federal. No obstante, también está contemplada la posibilidad de que un ciudadano o grupo de vecinos reclame por una propiedad que es pública, invocando la afectación de derechos suyos vinculados al uso general (como por ejemplo una plaza). De la teoría a la realidad El punto de mayor incertidumbre reside en si, dada la magnitud del conflicto político y social que se ha creado, la policía efectivamente cuenta con capacidad de actuar para dar cumplimiento a la devolución de las propiedades a sus dueños. Como explica Ernesto Spangenberg, abogado del estudio homónimo, "la mano de la Justicia se ejerce a través de la Policía", que es el actor más accesible al ciudadano que se siente despojado por un acto de intrusión. Sin embargo, Spangenberg aclara que esta situación suele tornarse más teórica que real porque, llegado el momento, esta fuerza no actúa, ya que está neutralizada por el poder político. Tal es así que, ante la consulta sobre cuánto puede llegar a demorar un desalojo de un predio ocupado, el letrado afirma que se trata de un interrogante de muy difícil respuesta: "Es un cono de sombras, imposible prever el final", afirma de manera categórica. Los hechos de las últimas horas parecen darle la razón. La vía judicial del desalojo no sólo se ha visto trabada sino que, además, la generalización de las ocupaciones tendió a diluir la percepción de un hecho ilícito tras la usurpación de terrenos. El propio jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sorprendió con sus declaraciones radiales: "No he visto ningún juez que se haya expresado respecto de que aquí haya un delito, con lo cual, por lo pronto, no es un delito. Si no hay ningún juez ni ningún fiscal que esté imputándoles un delito a los ocupantes, significa que no lo es", enfatizó. En la visión del funcionario, las ocupaciones actuales no son asimilables a una usurpación, sino que deben ser consideradas manifestaciones de protesta. Siguiendo esa línea de razonamiento, la solución ya deja de correr por el carril extrictamente judicial y pasa a ser parte de una negociación política. La tentación multiplicada La convulsión continúa y se teme por las consecuencias del "efecto contagio", en lo que se refiere a usurpaciones, si éstas no logran frenarse a tiempo. Por los pronto, en un país que exhibe una profunda crisis habitacional con marginalidad creciente, existen motivos para pensar que estos episodios pueden llegar a repetirse. En efecto, un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, revela que en la Capital hay más de 32.000 propiedades deshabitadas, sumando viviendas, locales comerciales, edificios y terrenos, tanto públicos como privados. Además, el mismo relevamiento arroja que existen 2.500 edificios y unos 3.000 lotes abandonados. Es decir, las oportunidades como para tentar a "ocupas" en potencia no son algo que escaseen en Buenos Aires. ¿Qué hacer ante una ocupación? Hay antecedentes de desalojos con uso de la fuerza policial, ante situaciones de casas tomadas por intrusos en barrios de la ciudad. Pero, últimamente, para evitar casos de violencia, las autoridades han preferido salidas negociadas o, al menos, el pago de una indemnización para los usurpadores. El caso de San Telmo, que en poco tiempo sufrió una transformación profunda, y pasó de ser una zona tugurizada a un centro turístico y de oficinas, da muestras de estos intentos de solución tendientes a respetar los derechos de los propietarios. Al respecto, un activista social de la zona refiere en "El Sol de San Telmo" cómo, todavía bajo la gestión comunal de Jorge Telerman, funcionarios policiales quisieron proceder a desocupar un lugar exhibiendo una orden de desalojo. Tras el intento, cada familia finalmente terminó recibiendo una suma de dinero y un subsidio durante seis meses, mientras buscaban otra vivienda. También se buscaron alternativas de ese tipo en situaciones similares que se repitieron en otros barrios, como Caballito, lo cual da la pauta del intento, por parte de las autoridades políticas, de no exacerbar las tensiones sociales. Y los jueces tampoco son indiferentes a esta situación. Francisco D'Albora, profesor de derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, explica que según surge del Código Penal, los jueces "tienen en cuenta varias circunstancias, como la edad, la naturaleza de la acción, educación y la participación en el hecho" a la hora de tipificar un delito. El experto indica que un propietario cuya propiedad fue usurpada debe, antes que nada, efectuar la denuncia. Y que, como es un delito de acción pública, puede pedir presentarse como querellante, que es lo que conviene hacer para acelerar el proceso y no depender exclusivamente de la policía. "La policía recibe la denuncia y le tiene que avisar al juez, pero la víctima puede ser tenida como querellante conjunto. Eso lo habilita a acelerar la causa. Los jueces, tradicionalmente, ordenan desalojo con el auto de procesamiento", argumenta. D'Albora también advierte que dicho desalojo puede demorarse más allá de los tiempos teóricos. Es que los plazos que fija el Código Procesal Penal para estos casos son ordenatorios, es decir que su vencimiento no implica que haya sanciones para nadie.